Bajo un nuevo proyecto de ley se busca la prevención y el seguimiento a la reparación ambiental y el fortalecimiento de las sanciones ambientales.
El senador Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, radicó en el Congreso una iniciativa que busca un reconocimiento mayor a la reparación de los daños causados al medio ambiente, incluyendo esta premisa en el actual Proceso Sancionatorio Ambiental. Esta iniciativa también ha sido apoyada por el Ministerio de Ambiente, dándole luz verde al proyecto, por parte del gobierno.
Las modificaciones que busca realizar este proyecto a la Ley 1333 de 2009 consisten en dar claridad a los puntos oscuros y resolver las preguntas que hasta el momento su aplicación ha generado. También pretende desarrollar de forma integral el mandato constitucional al Estado de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Algo que no cumple a cabalidad la ley vigente.
Entre los principales puntos que el proyecto defiende, está la clarificación de los principios rectores, el régimen de responsabilidad y la declaración de los principios específicos que deben ser seguidos en el procedimiento administrativo de las sanciones ambientales como son la responsabilidad objetiva, responsabilidad integral y la responsabilidad solidaria y subsidiaria que incluye la responsabilidad de los gestores, gerentes, miembros de juntas directivas y administradores de hecho y de derecho de la persona jurídica cuya acción u omisión haya sido determinante en la generación del peligro, daño o infracción de las normas ambientales.
En la imposición de las sanciones pecuniarias se busca evitar que el infractor obtenga un beneficio ilícito con la realización de su conducta y se fortalece la función de seguimiento e inspección de las autoridades ambientales a través de visitas anuales y de la obligación de los titulares de licencias y permisos ambientales a enviar a éstas, reportes anuales de cumplimiento de la legislación ambiental aplicable a su actividad.
Dentro de otras novedades que trae este proyecto se encuentran los acuerdos de cumplimiento ambiental, como una posibilidad de suspender un proceso sancionatorio ambiental, a través de la suscripción de estos acuerdos con la autoridad ambiental, para que dentro de un plazo, el infractor adopte todas las medidas que corrijan los hechos u omisiones constitutivas de infracción a las normas ambientales y se reparen integralmente los daños causados, siempre y cuando no sean reincidentes.
Así mismo, el Registro Único de Infractores Ambientales (RUIA) será reformado y se denominará como Registro Único de Cumplimiento Ambiental (RUCA), donde se registrarán no sólo las sanciones impuestas, sino los acuerdos de cumplimiento ambiental suscritos con investigados o infractores de las normas ambientales. Igualmente este registro publicará, informará y difundirá las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de producción más limpia, sistemas de gestión ambiental y estándares para el mejoramiento del desempeño ambiental empresarial y hará un reconocimiento público de las instalaciones o empresas que hayan demostrado un desempeño ambiental sobresaliente. Esto fortalece el enfoque del proyecto que no se concentra en el castigo, sino en la prevención y en la reparación de los daños ambientales. Por último el RUCA será de consulta para las entidades públicas como criterios para la habilitación y evaluación de proponentes en todos los procesos de contratación estatal.
Por último se busca el fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad, a través de la creación de la Política Nacional de fortalecimiento del servicio público de inspección, control y vigilancia ambiental, la creación y operación de Unidades de Reacción Inmediata Ambiental en las autoridades con potestades en materia sancionatoria ambiental, unidades interdisciplinarias y operativas que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios realizarán operativos de inspección, control y vigilancia contra potenciales infractores de la normatividad.
En conclusión, de esta manera se busca dar un mayor control a las infracciones ambientales además de concentrarse más en la reparación ambiental, el seguimiento y acatamiento de la normatividad. Desde aquí, acompañamos y apoyamos este proyecto de ley que busca la reparación de las infracciones desde una estrategia de preservación de los recursos naturales, la prevención de los desastres generados por la mano humana y la reparación de éstos cuando se cometan.
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