Por: Martín Sánchez
Director de Asesorías Jurídicas de Activo Legal
Director de Asesorías Jurídicas de Activo Legal
Es urgente para nuestro país resolver con legitimidad definitiva el debate sobre el precio del combustible, factor importante que influye en el desarrollo económico en general. Lo anterior teniendo en cuenta el largo debate, aun no resuelto, que se ha dado respecto de la estabilización de su precio, respecto a los importantes saltos en el precio internacional de su materia prima, el petróleo.
En efecto, desde la adopción de las primeras
medidas para “suavizar” los impactos de la oferta y la demanda de combustible
de los mercados nacionales y sobre todo internacionales en la Ley 1450 de 2011,
hemos –con la declaración emitida hoy por la Corte Constitucional- ya asistido
a dos declaratorias de inconstitucionalidad, con lo que pareciera que, como Estado,
hemos fracasado en una respuesta consensuada a un problema de la mayor
trascendencia para el país.
En mi opinión efectivamente el precio del
combustible no puede dejarse a las simples reglas de la oferta y demanda, pues
el combustible es el factor que puede u obstaculizar o impulsar de manera
directa el desarrollo económico. Los mercados internacionales y nacionales en
los que se desarrolla la oferta y la demanda de este bien no son perfectos en
sentido económico, por el contrario son mercados altamente sensibles a
decisiones políticas en países lejanos al nuestro y con situaciones que
inevitablemente escapan del alcance de nuestras facultades. Sin embargo, a
pesar de que la idea de un fondo de estabilización que “ahorre en vacas gordas
y apoye en vacas flacas” es apenas lógico para enfrentarse a los vaivenes del
mercado internacional, la metodología que ha encontrado el gobierno nacional
para hacerlo una realidad no ha sido clara y ha estado asistida por la
deslegitimación permanente de diferentes sectores políticos y de la ciudadanía
en general. No se entiende cómo el ahorro realizado en tiempos de vacas gordas se
ve reflejada en la suavización de los impactos del mercado en las vacas flacas,
ni mucho menos se ha mostrado al país cuáles han sido los beneficios del
modelo, cuánto dinero se ha ahorrado la economía y sobre todo el ciudadano de a
pie con esta severa política.
Lo anterior nos ha llevado hasta el punto de
tener hoy dos decisiones de inconstitucionalidad sobre el tema específico del
mecanismo de estabilización de precios del combustible. En este último episodio,
se deslegitima esta política gubernativa ante la sociedad, por el motivo de que
no se somete al crudo debate político que debe darse en el congreso y con las
reglas necesarias (una de las objeciones dadas por la Corte constitucional es
precisamente que este fondo se creó a mitad del proceso legislativo de la
última reforma tributaria, Ley 1739 de 2014, y por lo tanto no tuvo la
discusión suficiente y necesaria) para evitar más situaciones como la presente
y que se continuarán presentando, hasta que se nos expliquen el porqué del
fondo de estabilización, la necesidad del fondo, sus amplios o pocos beneficios
en concreto en los precios de la canasta familiar y su impacto en los ingresos
de los colombianos en general. Tal explicación es necesaria y el debate
político urgente.
Los ciudadanos en general tenemos derecho a entrar
al debate sin necesidad de entrar a las dificultades técnicas o complejas del
fondo de estabilización.Este es un debate que por su naturaleza puede ser
entendido por parte de la ciudadanía y explicado por parte del gobierno y sus
ponentes con toda precisión y pedagogía, ¿No es para eso una democracia?
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